La historia se remonta a finales de 2019. En ese periodo, en medio de las protestas y violencia que azotaba al país, el Gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera aprobó la Ley 21.185, que congelaba las tarifas eléctricas para revertir el alza de 9,2% que tendrían las cuentas de la luz.

Y es que, por esos días, debido al descontento social, no parecía haber otro camino. El Ejecutivo, así, contó con la venía de un Congreso que no dudó en dar el visto bueno a la reforma. El estallido dictó la pauta.

En su último trámite, de hecho, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con 115 votos a favor, uno en contra (del entonces DC Miguel Ángel Calisto) y 10 abstenciones.

El mecanismo que se estableció contemplaba una deuda máxima para el Estado con las compañías del sector eléctrico por US$1.350 millones. Además, pretendía que el freno en los precios durara solo hasta diciembre del año siguiente.

«Esta es una buena noticia para el bolsillo de los chilenos. Además de congelar las tarifas hasta diciembre del 2020, permitirá adelantar la baja de tarifas que se esperaba a partir del 2023, producto del ingreso de las energías renovables y otros contratos más baratos, y neutralizar el efecto del dólar, factor que más ha influido en la tarifa eléctrica este año», dijo por esos días a CNN Chile el entonces ministro de Energía Juan Carlos Jobet.

Nada de esto sucedió como estaba planificado. Y el fuerte incremento posterior en los precios de los combustibles, combinado con la depreciación de la moneda, provocó diferencias entre el precio estabilizado y el que debía aplicarse de acuerdo con los contratos de suministro.

¿El resultado? Una deuda que se fue acumulando gradualmente con las empresas.

En agosto de 2022, ya durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, el esquema para los cambios de precios de las tarifas volvió a modificarse. Así, se agregó un cargo para el pago gradual de la deuda, con el objetivo de proteger a los clientes.

En el marco de esa discusión, si bien el Senado insistió en implementar modificaciones que terminaron incluidas, también hubo un apoyo importante desde todos los sectores.

«No nos deja completamente satisfechos, pero entendemos que es la respuesta que entrega el Gobierno a un problema que es bien concreto y que afectaría el presupuesto de las familias», dijo tras la aprobación de la iniciativa en la Cámara Alta el senador José García Ruminot.

Tras la publicación en el Diario Oficial de la iniciativa, el Gobierno actual, a través de su cuenta oficial en X, sostuvo: «La ley beneficia a las familias al impedir el aumento de hasta un 45% y crea un fondo de estabilización que dará certezas a las personas por los próximos 10 años».

Tanto oficialistas como opositores celebraron. El diputado Vlado Mirosevic (PL), por ejemplo, escribió en X: «Se despacha a ley», junto con un emoticón con manos aplaudiendo.

«Es una importante y necesaria ayuda para las familias chilenas», dijo, por su parte, la diputada Ana María Gazmuri.

La deuda acumulada y el efecto en los clientes

El largo proceso de congelamiento, tarde o temprano, tenía que llegar a su fin. Y así se decidió hacer con el proyecto de ley aprobado en abril de este año, que implicará alzas de hasta más de un 57% para algunos clientes tras el descongelamiento de las tarifas que iniciará el 1 de julio.

Y es que la deuda del Estado con las empresas eléctricas tras casi cuatro años de precios fijos es demasiado abultada. Se trata, en total, de US$ 6 mil millones, de los cuales una mitad correspondería al periodo del Gobierno anterior, y la otra al del actual, según cálculos del Ejecutivo.

Para compensar el alza, el Ejecutivo propuso un subsidio focalizado para el 40% más vulnerable de la población, lo que equivale a alrededor de 1,5 millones de hogares. No obstante, las críticas de parlamentarios no han cesado por considerarlo insuficiente -pese a que ellos mismos lo aprobaron- , e incluso algunos hablan de una interpelación e incluso de una eventual Acusación Constitucional al ministro de Energía, Diego Pardow. Esto, en medio de tiempos electorales.

«Si acusar constitucionalmente al ministro de Energía, Diego Pardow, ayuda a reducir el costo en las cuentas de la luz, mi voto está disponible», señaló esta semana, por ejemplo, el diputado de la denominada bancada eléctrica, Rubén Oyarzo (Ind).

Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Economia/2024/06/25/1134647/tarifas-electricas-gobierno.html